VICENÇ BATALLA. Hay entrevistas como esta al fotoperiodista italiano Alfredo Bosco que, pese a que se queden guardadas durante un tiempo esperando el momento oportuno para publicarlas, siempre están de actualidad. Su exposición en septiembre en el Visa pour l’Image de Perpiñán se titulaba Guerrero, el Estado olvidado, sobre la violencia que viven las poblaciones locales de esta región mexicana del Pacífico y que es fruto de un trabajo de tres años, durante los cuales la situación no solo no parecía calmarse sino que además las propias poblaciones de las montañas se organizaban en milicias contra los cárteles criminales, con la incorporación de mujeres y niños soldados. Guerrero es el Estado de la antigua ciudad idílica de Acapulco y también de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala.

El conjunto de imágenes aterradoras de Bosco alertan no solo sobre la descomposición en este territorio, con un reguero de muertos, sino asimismo sobre la impotencia y a menudo complicidad de las autoridades mexicanas. Pero el fotoperiodista, que lleva una decena de años recorriendo conflictos por el mundo, ya está trabajando sobre una violencia más cercana como es la provocada por la cuarta de las mafias italianas: la menos conocida Società Foggiana de la región de Apulia de donde él es originario.

La cuarentena de fotos que se podían ver en el convento de las Mínimas de Perpiñán de Guerrero, el Estado olvidado (premio Visa de Oro Humanitaria 2020 de la Cruz Roja Internacional) quizás eran de las más duras de un certamen que, ya de por sí, no es un paseo amable sobre el estado del planeta. No son las que se publicaron en agosto en el reportaje del semanario francés Le Figaro magazine que escribió el periodista Vincent Jolly. En este caso, había dos ejes pero sin enseñar directamente la violencia: por un lado, la antes mítica ciudad costera de Acapulco ahora patrullada por la nueva Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador para contrarrestar los diferentes cárteles; por otro, los pueblos escondidos de Sierra Madre del Sur donde estos cárteles se hacen suyos los territorios y las poblaciones indígenas crean sus propios grupos de autodefensa para intentar evitar ser desplazados. En medio de todo esto, el omnipresente cultivo de la amapola de donde se extrae la heroína y pese a que el consumo haya bajado en Estados Unidos en favor de los opioides. El 60% de la heroína mexicana continúa proviniendo de las plantaciones de Guerrero porque los campesinos no tienen alternativas.

Por ello, los cárteles de los Estados vecinos de Jalisco y Michoacán, o de más lejos como Sinaloa, fueron llegando a este territorio mientras en el resto del país se recomponían las mafias en una lucha fratricida que sigue derivando en multitud de grupos criminales: doscientos operativos en todo el país según organizaciones independientes; una veintena en Guerrero.

“La gente simplifica demasiado a menudo el fenómeno de la violencia en los países latinoamericanos, sea América Central o Sudamérica”, nos explicaba un joven y afable Alfredo Bosco en la terraza-bar del festival cuando estos establecimientos aun no se habían vuelto a cerrar en Francia a causa de la pandemia de la Covid. “Pero lo que pasa en los barrios brasileños no es lo mismo que lo que pasa en Caracas, y la situación no es la misma en Guatemala, o en Honduras, o en el Estado mexicano de Guerrero. Incluso, la situación en Guerrero es diferente comparada con otros Estados del país. El número de homicidios en Tijuana y en Acapulco quizás sea el mismo, pero lo que ocurre diariamente es diferente”. Bosco habla con conocimiento de causa porque en 2015 realizó otro reportaje fotográfico en el barrio de Petare de Caracas, el mayor asentamiento de chabolas de Latinoamérica y al cual nos referíamos el año anterior con la también fotoperiodista Adriana Loureiro.

La mítica Acapulco bajo los cárteles

Pero para situarnos en Guerrero, las cifras de la organización no gubernamental Causa en Común son suficientemente elocuentes. El número de asesinatos en este Estado de tres millones y medio de habitantes llegó a su punto álgido en 2017 con 2.543, casi siete al día. Después, ha ido bajando hasta 1.891 en 2019 y, seguramente, el balance final de 2020 también será inferior ya que en el primer semestre se habían contabilizado 752. Es posible que esta disminución también se deba a la menor movilidad por la pandemia. Pero, solo en Acapulco en 2018, fueron abatidas 874 personas. Bosco mostraba imágenes de algunos de estos asesinatos en la exposición.

“Acapulco era un lugar conocido en los años cincuenta del siglo pasado por su belleza, un cruce entre Saint-Tropez y Miami”, subraya como paradoja el fotógrafo. “Se la recuerda por la edad de oro de Hollywood, con la presencia de Elizabeth Taylor o Elvis Presley. Pero, desde hace diez años, Acapulco se enfrenta a una dramática situación de violencia. Ya llega a las cifras parecidas de asesinatos de Tijuana o Los Cabos”.

A diferencia de lo que ocurría en décadas pasadas, la guerra que el gobierno central declaró a partir de 2006 al cártel de Sinaloa del ‘Chapo’ Guzmán y las correspondientes caídas acabaron fragmentando los grupos criminales que asimismo se combaten entre ellos. La muerte en 2009 de Arturo Beltrán Leyva, que ya había tomado posición en Guerrero, derivó en la creación del cártel Los Rojos que sigue activo en Sierra Madre del Sur. Pero aparecieron otros como Guerreros Unidos, que opera en el norte en torno de Iguala, y Los Ardillos, que se extiende por la zona montañosa del centro alrededor de la capital del Estado Chilpancingo.

En el último informe de Causa Común, se enumeran hasta diecisiete grupos criminales. Y cada uno de ellos, controla más o menos una parte del territorio. En algún caso, sin embargo, son hasta cinco a disputarse una única zona. “Cada uno de estos grupos se especializa en un negocio diferente”, detalla Bosco. “Pero la situación es dramática porque todos ellos se enfrentan unos a otros. Y arrastran a su vez a las fuerzas de autodefensa de los mismos pueblos. El conflicto no es únicamente del Estado central contra la criminalidad, sino también entre estos mismos grupos criminales. Y nos podemos imaginar el número de víctimas que provoca una situación así”.

Los grupos de autodefensa de las comunidades rurales

En las poblaciones más alejadas del Estado, esto comporta desplazamientos forzados de sus habitantes que dejan detrás pueblos fantasma. Solo en 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sitúa en 5.500 las personas que se vieron obligadas a huir de sus pueblos en Guerrero por la violencia. Ante la inoperancia de las fuerzas del orden, sino es directamente por su corrupción, ya desde hace tiempo estos habitantes se autoorganizan en los llamados grupos de policía comunitaria o de autodefensa. Causa en Común cuenta que existen hasta 23, desplegados sobre el 70% del territorio. El problema es que es muy difícil distinguir a la larga quién pertenece a quién y cuáles son los intereses de cada uno, en un espiral que acaba reforzando la violencia e implica todo tipo de franjas de edad y de capas de la población.

“Todos los pueblos se hallan en lugares perdidos”, remarca Bosco que se hace acompañar de una guía que es de la región. “No es fácil llegar. No es fácil que la policía armada tenga un punto de control. De acuerdo, hay un problema objetivo de orografía. Pero, cuando las poblaciones son atacadas, la gente se pregunta dónde está el gobierno”. Lo que más llamó la atención de los periodistas internacionales, en enero de 2020, fue la conocida como Marcha de los niños que consistía en exhibir por parte de estas policías comunitarias a chicos siguiendo ejercicios militares y empuñando armas. Aunque su material sea rudimentario. “Era terrible ver a estos chicos entrenándose con armas porque los adultos quieren defender sus pueblos”, confiesa el fotoperiodista.

La comunicación con estas comunidades no es fácil porque, además, son pueblos indígenas (mayoritariamente, nahuas) que no tienen el español como primera lengua pese a que siempre hay un portavoz que sí que lo habla bien. La guía le hace a Bosco de intermediaria y, además, le traduce los comentarios al inglés. “Hay que recordar que estas zonas están controladas por grupos criminales. Y no es fácil contactar con los autóctonos porque la gente que vive allí son, obviamente, tímidos, tienen miedo”. Y el trabajo de búsqueda no se acaba aquí. “Siempre contrasto lo que consigo a través de mi equipo con los periodistas locales porque, por el problema del lenguaje, necesito confirmar que mis informaciones sean las correctas”.

Unos ejércitos de mujeres y niños

El periodista de Le Figaro magazine que relata sus encuentros en enero del año pasado describe esta puesta en escena de los grupos de autodefensa más como una vitrina de denuncia que no como una fuerza real. Sobre una de las fotos emblemáticas de Bosco, donde una mujer indígena empuña una escopeta de caza y lleva a una niña pequeña a la espalda en Rincón de Chautla, en junio de 2019, su mismo autor extrae las conclusiones: “no tiene ninguna efectividad a nivel de lucha. Esta mujer no tiene ningún tipo de posibilidad de defender su pueblo con este tipo de arma. El cártel de Los Ardillos van con armas de verdad, porque están mucho mejor equipados. Todos los grupos criminales están muy bien equipados. Pero, para los grupos de autodefensa, esto es un símbolo para demostrar que están preparados para combatir. Ahora bien, técnicamente, no creo que niños de catorce años o, peor aun, de diez con su escopeta, asustados, puedan disparar contra los miembros de los cárteles”.

Por la misma confusión de la situación, puede ser que alguien se haga pasar por miembro de un grupo de autodefensa cuando en realidad es un sicario de un cártel. Esto le ocurrió en una ocasión al fotoperiodista en el municipio de Leonardo Bravo, donde se libra una guerra por el control de la carretera de Chilpancingo y el tráfico de droga, cuando se encontró con quien decía pertenecer a una policía comunitaria y, de verdad, era un sicario de Los Rojos. Fue la guía quien se lo advirtió después de haber mantenido la conversación. “Es, por eso, por lo que siempre me acerco muy lentamente a todas estas zonas y no puedo prometer exclusivas a las revistas inmediatamente. Cuando vuelvo, al cabo de dos, tres semanas o un mes, tengo que estar seguro de que la persona con quien he hablado o fotografiado sea de verdad quien me ha dicho que es, o que pertenece a Los Rojos y no a Los Ardillos…”.

La connivencia política de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala

El ejemplo más conocido de esta porosidad entre criminales y autoridades con consecuencias trágicas para la población es la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala en 2014. Llegados a esta ciudad del norte de Guerrero procedentes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y en dirección a Ciudad de México para participar en la manifestación anual por las matanzas de universitarios en 1968, los estudiantes se enfrentaron a la policía para hacerse con autobuses que los llevasen a su destino. Hasta ahora, solo se han encontrado los restos de dos de estos 43 estudiantes pero el escándalo ha sacudido a las más altas instancias del país porque, con el tiempo, se ha sabido que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, miembro del partido de izquierdas PRD, y su mujer, María de los Ángeles Pineda, ordenaron la represión a la policía municipal y esta acabó dejando la suerte de los jóvenes en manos de los sicarios de Guerreros Unidos, el cártel de la zona que operaba de acuerdo con la alcaldía. Una vez muertos, sus cuerpos fueron incinerados en un basurero del municipio limítrofe de Cocula. Pese a que el alcalde y su mujer fueran encarcelados por otros motivos, también se supo que la fiscalía había intentado encubrir otros responsables.

“Es una prueba clara que todo el mundo puede estar involucrado en un grupo criminal: puede ser el oficial de policía, uno de sus agentes, y también alguien que trabaja para el gobierno”, especifica Bosco. “Cuando en una investigación descubren que alguien de la policía está involucrado en el asunto, esto se puede convertir en un problema. Es la razón por la cual a menudo los gobiernos no están abiertos a ayudar a las asociaciones que buscan los cuerpos”. En este sentido, el fotoperiodista cubrió una de las búsquedas que hasta principios de 2019 encabezó Mario Vergara y que continúa con la asociación Los Otros Buscadores. “La situación es dramática porque la gente no puede hacer el duelo de sus familiares porque no encuentran sus cuerpos y todavía mantienen la fe pese a que solo haya un 1% de posibilidades de que estén vivos”.

Los Ardillos en el sector de Chilapa

Y las tragedias se repiten, como el 17 de enero de 2020 cuando un escuadrón de Los Ardillos torturó, asesinó y quemó los diez músicos del grupo Sensación en Chilapa de Álvarez cuando volvían en camioneta de una actuación. Los sicarios creyeron que eran miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), un grupo de autodefensa de los que ha fotografiado Bosco. Los Ardillos fueron creados hace una decena de años por Celso Ortega, un ex policía rural, que acabaría siendo asesinado por el cártel rival de Los Rojos. Uno sus hijos, Bernardo Ortega, ha ocupado diversos cargos electos en la región también por el PRD y niega cualquier relación con el cártel de su familia.   

“Me encontré con el profesor y sindicalista José Díaz Navarro, que es responsable de la asociación Siempre Vivos de Chilapa”, explica el fotoperiodista. “Y está muy enfadado con el diputado porque para él es un símbolo de que el sistema ya no funciona”.

Otro tipo de hechos criminales son los secuestros, para obtener dinero. “Es habitual que desaparezcan propietarios de tiendas porque no pueden pagar las extorsiones. En mi proyecto, hay unas fotografías del señor Rogelio, en Iguala. La novia del hijo estaba metida en un pequeño grupo de criminales. Como este grupo necesitaba más dinero, decidió secuestrar a su compañero, este desapareció y el padre acabó encontrando el cuerpo. ¡Él considera que ha sido afortunado por haber encontrado el cuerpo, después de tres años de búsqueda! Pero, siguiendo el ejemplo del título de la exposición ‘Forgotten Guerrero’, lo tuvo que hacer todo solo”.

Aunque otra lacra en todo México son los feminicidios. Las cifras de mujeres muertas con violencia son escalofriantes. Según Casa en Común, en 2019 en todo el país perdieron así la vida 206.976 mujeres y, en Guerrero, 3.027. Un número mucho mayor que los asesinatos en otras circunstancias.

La frustración de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador

Una gran frustración ha sido la llegada en 2018 al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al frente de una coalición de partidos de izquierdas entre ellos el PDR. “Los indígenas están muy enfadados porque se pensaban que con el nuevo presidente alguna cosa podría cambiar. En el sentido de disponer de más derechos. El partido del nuevo presidente Morena les era cercano, pero el ejemplo es el pequeño pueblo de Rincón de Chautla, en el municipio de Chilapa. La población se siente abandonada. Hablamos mucho sobre la confianza que le tenían al nuevo Gobierno, pero para ellos nada ha cambiado. Incluso piensan que puede ser peor”.

AMLO desplegó en Acapulco la Guardia Nacional con la operación Guerrero seguro. Pero esta operación no ha llegado a los pueblos pequeños. Es verdad que el presidente exhibe que las cifras de muertos han bajado, pero siguen siendo muy altas. “No quiere decir que la situación se haya pacificado. Las estadísticas solo están diciendo que el conflicto es menos peligroso. Pero no saben cómo resolverlo porque la corrupción está extendida en todos sitios. La gente tiene mucho miedo y las asociaciones que trabajan para conocer la verdad no pueden ir más allá, especialmente en Guerrero”.

La impunidad está demasiado extendida. “He hablado mucho con periodistas que trabajan en Acapulco. Y me explican los mismos trucos para escaparse de la justicia que en el sur de Italia. Te puedes encontrar a alguien que reconozca que cometió el homicidio porque alguien otro le prometió que, si iba a la cárcel en vez del asesino de verdad, su familia estaría tranquila. No siempre es fácil hallar al verdadero culpable o a su jefe. Cada vez que crees haber descubierto al jefe del cártel, resulta que tampoco es él. El jefe siempre está en la sombra”.

Como referentes del periodismo local, Bosco cita Amapola Periodismo Transgresor y el Sindicato de Periodistas del Estado de Guerrero, aunque también recuerda que los grandes medios mexicanos “no están interesados en artículos largos”. Una buena manera de conocer todas las ramificaciones internacionales del narcotráfico es seguir el consorcio de periodistas Projet Cartel, que en diciembre pasado publicó en 25 medios de todo el mundo cinco investigaciones diferentes que prosiguen el trabajo de la reportera Regina Martínez asesinada en 2012 en el Estado de Veracruz. “Es importante mostrar a la gente lo que está pasando”, remarca Bosco. “Porque a mí no me gusta el ‘narcofashion’, donde se enseña a los criminales desde un punto de vista glamuroso”.

Proyecto sobre la mafia italiana de Foggia

A causa de la pandemia, el fotoperiodista no ha vuelto a México desde febrero de 2020. “Te puedes imaginar que en esta zona, por la falta de sistemas de salud, es un grave problema que la gente se contagie”. Pero ya tiene un nuevo trabajo en marcha, que lo coge de más cerca: “estoy comenzando un proyecto en el sur de Italia porque creo que, mi experiencia en Guerrero, me permite entender mejor lo que está ocurriendo en mi territorio”.

Concretamente, sobre la mafia de Foggia, en el norte de la región de Apulia que se baña en el mar Adriático. La Società Foggiana no es tan conocida como la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana o la ‘Ndrangheta calabresa. Incluso lo es menos que la Sacra Corona Unita de Bari, la capital de Apulia. Escindida de esta, en 2019 fue desmantelada en Foggia una red de tráfico de marihuana procedente de Marruecos y que pasaba por España. Este grupo, incluso ha provocado atentados contra edificios de justicia.

“El caso de Foggia es ahora particular porque, como en Guerrero, no hay uno sino que se trata de tres tipos diferentes de grupos criminales, que están creciendo mucho. Y que hacen dinero con extorsiones de todo tipo”. Por ejemplo, se acaba de descubrir que ante la falta de ingresos a causa de la Covid una de las extorsiones practicadas era imponer a las funerarias un peaje de 50 euros por féretro y gracias a sobornos a funcionarios locales que les comunicaban los decesos. Bosco inició el proyecto en agosto y lo lleva a cabo con Lorenzo Giroffi, un periodista de Caserta, cerca de Nápoles, especialista de la Camorra.

Hay una pregunta, para acabar, que no puedo dejar de hacer tras haber hablado del riesgo que supone hacer este tipo de coberturas y tomar este tipo de imágenes, sea en Guerrero o en Foggia. ¿Tiene miedo, cuando realiza este tipo de misiones? “Siempre tengo miedo, porque no podemos subestimar los peligros. Hay que recordar que México es el lugar más mortífero del mundo para los periodistas. No hay que subestimar que yo voy a territorios donde el control de los grupos criminales de los cárteles es enorme. Por tanto, tenemos que trabajar sabiendo cómo hacerlo y qué necesitamos. Siempre tienes que ser consciente dónde vas y quién eres. Pero creo que este tipo de reportajes son útiles para la gente”.

Lee el artículo general sobre el Visa pour l’Image 2020

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